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Protección Jurídica del Consumidor Mayor
PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CONSUMIDOR MAYOR
Tecnología, brecha digital y nuevos marcos legales para los consumidores vulnerables
Hoy, desde casa y con apenas un clic, es posible comprar todo lo necesario, contratar servicios o consultar movimientos bancarios. Esta transformación promete comodidad y eficiencia, pero también ha traído consigo nuevos desafíos, especialmente para un colectivo concreto: las personas mayores.
Lejos de aportar bienestar, la digitalización ha generado en muchos mayores una sensación de desconcierto, inseguridad y exclusión. La complejidad de las plataformas, la ausencia de atención personalizada y la falta de familiaridad con los entornos digitales convierten al consumidor mayor en un sujeto vulnerable frente a prácticas comerciales, productos o servicios que no siempre están adaptados a sus necesidades.
Esta realidad ha sido reconocida por el legislador. El artículo 51.1 de la Constitución Española establece que “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud e intereses económicos legítimos”. Esta protección se refuerza con la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Dicha norma introdujo modificaciones relevantes en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (a partir de ahora Ley de Consumidores). En concreto, el nuevo artículo 3 incorpora el concepto de consumidor vulnerable, definiéndolo como aquella persona que, por sus características personales, económicas, educativas o sociales, se encuentra en una situación de subordinación, indefensión o desprotección, que le impide ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.
El artículo 8 de la Ley de Consumidores refuerza esta protección, estableciendo que los derechos de los consumidores vulnerables gozarán de una atención especial, con políticas públicas específicas orientadas a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, evitando trámites que dificulten su acceso a ellos.
Los derechos básicos reconocidos a los consumidores son:
• La protección contra riesgos para su salud o seguridad.
• La protección de sus intereses económicos y sociales, frente a cláusulas abusivas o prácticas desleales.
• La reparación de daños sufridos.
• El acceso a una información clara, comprensible y accesible.
• La participación en procesos normativos que les afecten.
• La tutela efectiva de sus derechos, especialmente para los colectivos vulnerables.
La digitalización, sin embargo, ha hecho que muchos mayores queden excluidos de estos derechos en la práctica. El cierre de oficinas bancarias, la automatización de trámites o la falta de adaptación tecnológica les impide acceder con normalidad a servicios básicos de consumo, ocio o gestión económica.
Consciente de ello, la Ley 4/2022 promueve medidas específicas para revertir esta situación. En su disposición adicional segunda, establece un Plan de medidas para favorecer la inclusión financiera de los más vulnerables, especialmente de las personas mayores. Entre las actuaciones destacadas, figuran:
• Garantizar que el cierre de oficinas no suponga el cierre de cajeros automáticos.
• Aumentar el personal de apoyo para asistir a quienes tienen dificultades digitales.
• Señalizar y priorizar el uso de cajeros por personas vulnerables.
• Promover cajeros exclusivos para mayores y colectivos similares.
• Diseñar tecnologías bancarias accesibles, comprensibles y seguras.
• Garantizar la atención presencial, especialmente en entornos rurales.
• Promover medidas específicas para personas con discapacidad o mayores que puedan sufrir exclusión financiera.
Este marco normativo supone un avance importante, pero queda camino por recorrer. El reto no es solo legislar, sino hacer que la información llegue a quien más la necesita y que los derechos puedan ejercerse de manera real y efectiva.
¿Tienes dudas o necesitas orientación sobre tus derechos como consumidor?
Puedes consultarlas con nuestros abogados a través del servicio de mayores que el Colegio de la Abogacía de Salamanca tiene firmado con el Ayuntamiento. Estamos aquí para ayudarte.
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